MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Adicae, Manuel Pardos, ha pedido al Gobierno que cambie la Ley Hipotecaria para evitar los abusos a los consumidores por parte de las entidades financieras y ha afirmado que es "falso" que un cambio de regulación vaya a hundir a la banca. "La Ley Hipotecaria es antigua y vetusta, y requiere una modernización que el Gobierno se niega a aplicar con el argumento absurdo de que no se puede tocar porque se hundiría la banca", afirmó Pardos en rueda de prensa, quien cuestionó que los beneficios del sector financiero "no se pueden basar en abusos a los usuarios".
El presidente de Adicae señaló que "es falso que se hundiría la banca y es falso que no se pueda tocar" la ley y recordó que en tres años de crisis el Gobierno "no ha tomado ninguna medida a favor de los usuarios y miles a favor de la banca".
Pardos hizo estas declaraciones a las puertas de los juzgados, donde presentó la ampliación de la demanda colectiva (de 45 a 81 entidades) que tramita el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid contra bancos y cajas por la aplicación de las llamadas 'cláusulas suelo' de las hipotecas.
La asociación incorpora a este procedimiento por la mayor demanda colectiva presentada en España contra el sector financiero a nuevas entidades como Banesto, La Caixa y la financiera del Banco Santander Unión de Créditos Inmobiliarios.
"Lo que demuestra esta macrodemanda es que la práctica abusiva de las 'cláusulas suelo' ha sido generalizada en todas las entidades financieras", declaró el presidente de Adicae, quien recordó que se pide a la Justicia que las anule por abusivas.
Por el momento, la asociación representa a más de 850 afectados, aunque el plazo para adherirse a la demanda fijado por la juez Miriam Iglesias finaliza el próximo 19 de abril. Con la inclusión de las nuevas entidades se pedirá una prórroga.
El presidente de Adicae informó de que existen más de 3 millones de usuarios en España con la 'cláusula suelo' incorporada a la hipoteca, con las que las entidades financieras en conjunto han podido ganar entre 3.000 millones de euros y 6.000 millones de euros en 2010.
"Estas cláusulas abusivas no afectan al corazón de la Ley Hipotecaria y pueden ser modificadas en cualquier momento", explicó Pardos, quien recordó que para ello se ha presentado una acción legislativa ante el Parlamento para que estudie su eliminación.
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Comparto la opinión de ADICAE: no es cierto que limitar la garantia en caso de impago al bien hipotecado que fue la causa de la obligación vaya a provocar la quiebra del sistema bancario. Los bancos tienen que empezar a asumir sus responsabilidades por su voracidad especulativa: el sistema hipotecario financiero español ha partido de una falacia sostenida y alimentada por los bancos, las constructoras y protegida por el Gobierno y el Banco de España. Me explicaré: cuando un banco te concedía un préstamo para comprarte una vivienda, te exigía que esa vivienda fuera la garantía de que, si en algún momento, el préstamo no se iba a devolver la vivienda sería solvente y pagaría la deuda. Pero, como en España, existe un artículo en el Código civil, el 1911, que dice que del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos los bienes presentes y futuros, pues bien resulta, si la casa no era bastante ya te embargarían cualquier otro bien. Esto ligado a que las empresas que tasan los pisos para la concesión del préstamo son accionariadas por el banco que te va a conceder el préstamo, llevó a que, en lugar de valorar el inmueble teniendo en cuenta que debía mantener su valor como garantía durante todo el período de la deuda (20, 30, 40 años) y que por tanto, debía introducirse en la tasación, variables tales como la subida del tipo de interés y la fluctuación del mercado laboral, se obviaron estas circunstancias y lo que se buscó (por parte de los bancos y sus tasadoras) fue inflar los precios de venta y que los préstamos fueran lo más altos posibles.¿Por qué motivo? Porque el banco no hacía el negocio en la hipoteca sino en el cobro de intereses inmediatos, de tal manera que cuanto mayor sea el capital, más beneficios (intereses) se garantizaban. Si el gobierno modifica el artículo 1911 del Código civil y la legislación vigente y, tal como sucede en los países de nuestro entorno, una deuda garantizada hipotecariamente se salda unicamente con el producto del inmueble que la garantiza o la dación en pago del mismo, lo que sucederá es que las entidades financieras de este país tendrán que declarar como activos, el valor real de los inmuebles (el valor por el que se los adjudican en subasta) y a fin, de responder ante sus acreedores (los ciudadanos que depositamos nuestro dinero en sus cuentas y con el que los bancos realizan los préstamos), no les quedará de otra que sacar el mercado el ingente stock de pisos que están acumulando. Es cierto que esta salida del stock comportará una caída del precio de venta de inmuebles y del precio de los alquileres pero, quizá sea la forma de sanear definitivamente un sistema financiero como el nuestro, que no le duele en prendas intentar maquillar sus deudas con los 44.000 millones de Euros de los ciudadanos que le ha regalado este gobierno, mientras los miembros de los consejos de administración de la banca siguen cobrando cifras astronómicas. Y que no se engañe nadie: ni este gobierno ni cualquier otro, tiene intención política de limitar la responsabilidad de los ciudadanos al piso hipotecado, porque, no nos olvidemos, todos los partidos políticos acuden cada cuatro años a los bancos a solicitar préstamos con los que financiar sus campañas, y sus deudas no son pequeñas.
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